Paul Gillingham y Benjamin T. Smith (eds.), Dictablanda. Politics, Work and Culture in Mexico 1938-1968, Durham y Londres, Duke University Press, 2014, 464 pp. ISBN 978-0- 8223-5631-8

En los últimos 20 años en la academia anglosajona se ha producido una verdadera explosión de investigaciones sobre la segunda mitad del siglo xx mexicano, a partir de la apertura de archivos antes inaccesibles. Muchas de ellas cuestionan las interpretaciones convencionales de acontecimientos, procesos e instituciones que dieron forma al México de la posrevolución. El resultado supera la visión a la Vicente Lombardo Toledano, que veía en el Estado posrevolucionario la materialización del triunfo de la Revolución, pero también aquella otra que lo ve como el agente de la destrucción del proyecto revolucionario. El objetivo de los 17 autores de Dictablanda es entender esos fenómenos admitiendo de entrada su complejidad, para sacudir la congestión de repeticiones que con una narrativa plana, plagada de lagunas y puntos oscuros, hacía las veces de historia. El libro aporta una mirada refrescante y agradecible, que ve en las paradojas y los claroscuros de nuestra historia, no tanto la maldad humana como los juegos de la contingencia con los proyectos y las palabras de los políticos. Tengo, sin embargo, una objeción inicial. El título Dictablanda, inspirado en el ahora mot célèbre de Vargas Llosa, que se refirió a México como la “dictadura perfecta”. Me parece desafortunado porque evoca precisamente lo que México no era: una dictadura militar, la que gobernó España entre 1930 y 1931. Una de las características distintivas del régimen autoritario de la posrevolución fue justamente la subordinación del ejército a la autoridad civil y la desmilitarización de la política. Esta cualidad no era nada más un asunto de forma, sino que contribuyó a determinar la naturaleza y el alcance del poder, y la organización y el ejercicio de la autoridad del Estado. Por ejemplo, el régimen autoritario era una propuesta de largo plazo cuya continuidad puede explicarse por la flexibilidad oportunista con que se adaptaba a cambios en la sociedad; esta cualidad era la antítesis de la rigidez que caracteriza a las dictaduras militares que son regímenes de excepción. En realidad, los editores utilizan el término Dictablanda como una fórmula politológica más que histórica, para referirse al carácter híbrido de un régimen que combinaba con singular habilidad palabras revolucionarias y acciones conservadoras, que con frecuencia recurría al ejército para mantener el orden público, para responder a demandas de participación, y para desactivar protestas y oposiciones independientes. Sin embargo, el régimen autoritario también estaba dispuesto a negociar con sus opositores, incluso a cooptarlos, si se dejaban. El título me parece inapropiado porque promete algo que contradice el contenido del libro. Los textos cubren las tres décadas que van de 1938 a1968. En ese lapso el país pasó de la estabilización posrevolucionaria que inició el gobierno de Lázaro Cárdenas a un autoritarismo más o menos benigno, cuyo más conspicuo actor era el pri. Este partido nacionalista y pluriclasista fundaba su razón de ser en la negación de la diversidad política de la sociedad, y cuando se manifestaba la combatía con una ferocidad digna, entonces sí, de los regímenes corporativizados de los años treinta. Los capítulos de Dictablanda están organizados en tres grandes rubros: “Alta y baja política”, “Trabajo y regulación de recursos” y “Cultura e ideología”, y tratan una amplia gama de temas: la Iglesia y el ejército, el charrismo sindical, las elecciones, el indigenismo, el caciquismo, la incapacidad fiscal del Estado, la rebeldía campesina, las normales rurales, la deforestación, los inicios de la televisión, el poder judicial y los estudiantes de educación superior. El resultado es un recuento de muchas realidades que permanecían enmascaradas por el discurso revolucionario y la hegemonía del pri. Los capítulos de este libro ponen al descubierto las fracturas, los antagonismos y los intereses encontrados de una sociedad profundamente dividida. La descripción de estas rupturas echa por tierra la creencia de que la doctrina nacionalista que impulsó el presidente Ávila Camacho y la fundación del pri en 1946 reconciliaron políticamente a la sociedad y atenuaron sus diferencias internas. La Introducción es un excelente ensayo bibliográfico en el que los editores, Paul Gillingham y Benjamin T. Smith, hacen una revisión crítica de las investigaciones relativamente escasas sobre temas que hasta ahora habían sido terreno privilegiado de politó- logos y sociólogos. Estos especialistas dieron los primeros pasos en el conocimiento del periodo, y en sus obras aparecen muchas de las pistas que posteriormente guiaron a los historiadores: las grietas en el supuesto consenso nacionalista, la intolerancia frente a la oposición, la fuerza del anticomunismo y el peso político de las clases medias. En algunos casos la novedad de Dictablanda estriba fundamentalmente en la evidencia documental que confirma las intuiciones y las conclusiones de esos trabajos. Pienso en Aurora Loyo, Carlos Martínez Assad, Álvaro Arreola, Jorge Alonso y otros más cuyas investigaciones sobre movimientos de oposición, elecciones y partidos abrieron brecha en la interpretación revisionista de la segunda mitad del siglo xx mexicano. En la Introducción Gillingham y Smith también destacan la paradoja que representa la combinación de debilidad estatal y autoritarismo. Esta fórmula contradictoria descarta una de las premisas centrales de las investigaciones anteriores de historia política del siglo xx: la supuesta fortaleza del Estado. Estos autores observan que, por ejemplo, contrariamente a lo que se esperaría de un gobierno represor y acostumbrado a imponer sus decisiones, en los años cuarenta y cincuenta las agencias de seguridad estatales eran ineficaces, pequeñas e improvisadas; por ejemplo, ilustra estas limitaciones con lo ocurrido en las elecciones presidenciales de 1952, para cuya supervisión el gobierno sólo disponía de 15 agentes en todo el país, pese a que el candidato oficial enfrentaba la posibilidad real de ser derrotado por un disidente del pri, Miguel Henríquez Guzmán. La escasez de recursos afectaba muchas otras áreas de la acción estatal, y se traducía en incapacidad para hacer valer la ley y en un involuntario laissez-faire por parte de los agentes de justicia como el que propició la explotación ilegal de los bosques en Chihuahua y Durango, según escribe Christopher Boyer en un capítulo acerca del fracaso de la política conservacionista de zonas boscosas. Un texto de Alan Knight es el punto de partida del volumen, en el que sostiene que el fin de la experiencia revolucionaria no fue obra del presidente Manuel Ávila Camacho, como lo afirma la historia convencional, sino consecuencia de las exigencias de la realidad. La desradicalización fue producto, nos dice, de la marea de la historia que en uno de sus vaivenes arrastró el radicalismo cardenista. Señala que Cárdenas inició el viraje hacia la alianza con Estados Unidos o al acercamiento a la Iglesia católica. De ahí que 1938 sea la fecha de inicio de Dictablanda. Knight, con su habitual agudeza, apunta la paradoja de que pese a todo, los artículos constitucionales 27 y 123, que se refieren a los derechos de campesinos y de obreros, respectivamente, tuvieron más consecuencias concretas que las disposiciones de la democracia liberal, véase elecciones y pluripartidismo, cuyo impacto real sobre el funcionamiento del sistema se materializó en los años ochenta del siglo pasado. El texto de Paul Gillingham sobre el pri, así como los capítulos de Tanalis Padilla y de Jaime Pensado, sobre el radicalismo político en el medio rural en los años cuarenta, y la rebeldía de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional en los cincuenta, respectivamente, ilustran el relativo fracaso de la política de reconciliación del avilacamachismo, incluso la ausencia de un verdadero acuerdo entre el gobierno y los ciudadanos. Detrás de la fachada pluriclasista y nacionalista del pri, se agitaba un mundo caótico de disputas y descontentos donde la violencia seguía siendo un recurso válido para gobernar, para resolver conflictos y para enfrentar al poder. El libro ofrece un panorama de diversidades, pero un conjunto de patrones generales enmarca explícita o implícitamente el aná- lisis de los autores y estructura el conjunto. Estos patrones están presentes en cada uno de los capítulos y son: la heterogeneidad social, la omnipresencia de la corrupción, la persistencia del conflicto, y la debilidad del Estado. Este último es el más significativo, pues sus consecuencias repercutían sobre los demás y condicionaban el funcionamiento del sistema político. Uno tras otro los autores muestran que el Estado autoritario no era un temible Leviatán, y que su fuerza era sobre todo relativa a la debilidad de los demás actores políticos: la Iglesia, los sindicatos, el ejército, los caciques, los empresarios. El lector concluye que el Estado mexicano de los años cincuenta y sesenta era la pieza central de un arreglo institucional frágil e insuficiente, que no podía extender su autoridad sobre todo el territorio nacional, limitado como estaba por recursos escasos, tal y como lo describe el texto claro y persuasivo de Smith, sobre los intentos fallidos de distintos gobiernos de reformar el régimen fiscal. Esta debilidad también aparece con meridiana claridad en los textos de Thomas Rath sobre el ejército, de Wil Pansters sobre Gonzalo N. Santos, de Boyer sobre los talamontes, y de Pablo Piccato sobre la delimitación del monopolio estatal de la violencia legítima. La debilidad del Estado explica otra característica del autoritarismo: la intolerancia frente a la diferencia política, y el rechazo –nunca confeso– a la oposición aunque fuera perfectamente legal. La intransigencia muchas veces disimulada revela la inseguridad que producía en las filas gubernamentales saber que su autoridad no se derivaba del voto ciudadano, sino de la imposición por la fuerza y el fraude. Además, la pretensión de la élite política de apoyarse en dos fuentes distintas de legitimidad, la electoral y la tradición revolucionaria, generaba tensiones en el interior mismo del sistema. Por una parte, los sucesivos gobiernos respetaban al pie de la letra los plazos electorales y el ritual de la competencia partidista; por otra, la oposición no tenía cabida en un gobierno revolucionario. El argumento de quienes como los dirigentes de la ctm se oponían en forma terminante a ceder un ápice de poder a quienes no pertenecían al pri era que, como dice Raymond Aron, toda revolución es un bloque, y no admite fisuras ni diferencias. Tampoco obstáculos al ejercicio de un poder que se justifica por la profundidad de las transformaciones que propone. De ahí que la presencia de la oposición fuera siempre incómoda. Pese a esta intolerancia, la represión no era el rasgo más sobresaliente del autoritarismo de la época. Este recurso era utilizado en forma selectiva: servía para controlar a actores débiles como los campesinos; pero ante actores de fuerza comparable, por ejemplo, grupos urbanos de clase media, en más de un caso el gobierno evitaba o posponía decisiones controvertidas o conflictivas, por ejemplo, la necesaria reforma fiscal, que podían alterar equilibrios inestables. La negociación de la ley característica del régimen también era una manifestación de debilidad, del temor de los gobiernos a no tener la capacidad de sostener sus decisiones con firmeza, a enfrentar el desafío de sindicatos o de empresarios. El Estado rehuía la confrontación con actores de fuerza comparable porque temía exhibir su debilidad, su incapacidad para generar y sostener instituciones, para ejercer el monopolio de la violencia legítima, o para hacer valer el estado de derecho. La constatación de la debilidad del Estado autoritario en esos años indica que muchos de los problemas que se manifestaron en los años noventa en la economía y en la política tenían un origen remoto, que poco tenía que ver con el colapso de la hegemonía del pri en 1988. Los capítulos dedicados al sindicalismo, a las rebeliones campesinas y a las movilizaciones estudiantiles demuestran que después de 1950 disminuyó la tolerancia de la élite posrevolucionaria a la protesta. Sin embargo, recurrió cada vez con más frecuencia a la negociación extrainstitucional y a los acuerdos privados que fungían como mecanismo de ajuste. Así se entiende el análisis de Gillingham del pri de la época. Este autor retoma la vieja idea de que el partido en el gobierno era un continente en el que cabían todas las corrientes políticas del país, el espacio donde se dirimía la lucha por el poder, y aporta sólida evidencia de esta función. De ahí la importancia de las elecciones primarias de candidaturas a cargos en el nivel municipal que se celebraban para resolver estas disputas antes del día del sufragio, al que los candidatos llegaban con el triunfo bajo el brazo. La recuperación que hace Gillingham de estas prácticas protodemocráticas, y el recuento de los privilegios y las ventajas que distribuía el pri entre sus leales, ayuda a explicar el amplio apoyo que recibió el partido durante más de medio siglo de existencia. La lectura de este y de otros capítulos sugiere que la estabilidad autoritaria era primeramente producto del compromiso político, y no del acuerdo y de la aceptación de las reglas institucionales. El libro en conjunto ofrece abundante evidencia de que nuestra propensión a negociar la ley, ese rasgo odioso de nuestra historia y de nuestra actualidad, no es una característica cultural, sino una estrategia para compensar las asimetrías del poder, sin por lo tanto alterar su distribución. Después de 1940, el objetivo prioritario de la élite posrevolucionaria era mantener el statu quo, un propósito ampliamente compartido por una sociedad exhausta después de 30 años de inestabilidad e incertidumbre. Este propósito nada tiene de extraordinario, salvo que muy pronto la preservación de la estabilidad y de la continuidad institucional se tradujo en la determinación de la élite de mantenerse en el poder a cualquier precio, incluso a costa del imperio de la ley. La casi inexistencia del estado de derecho es otro de los grandes temas de Dictablanda. En las conclusiones Jeffrey W. Rubin plantea que la represión era el pilar del autoritarismo. Sin embargo, de los textos aquí reunidos se desprende que el autoritarismo se definía en primer lugar por la manipulación, el uso y la aplicación arbitraria de la ley por parte de autoridades que no rendían cuentas de sus acciones, y que podían hacer de las leyes un instrumento de poder personal. Este uso arbitrario de la ley está en el origen de la impunidad y la corrupción que erosionan la legitimidad del gobierno, y que a principios del siglo xxi siguen siendo un problema que compromete la continuidad de las instituciones democráticas. Dictablanda me convenció de que el abuso de los recursos públicos, el desprecio a la ley, el soborno, la compra de voluntades y de apoyos o de silencios era una arteria que recorría, alimentaba y vinculaba la relación entre la sociedad y el Estado. La corrupción se hace presente en prácticamente todos los capítulos del libro, y parece inevitable concluir que entre Estado y sociedad se desarrolló una relación en la que ambos estaban dispuestos a mirar para otro lado cuando una y otro violaba la ley. Al tratar el tema de la reconciliación entre la Iglesia y el Estado, Roberto Blancarte sostiene que la Iglesia adoptó una actitud crítica desde los años cincuenta. Es posible que algunos sacerdotes lo hicieran, no obstante, tanto el episcopado como la mayoría del clero y de los católicos aceptaron el acuerdo extrainstitucional –por no decir la componenda concluida en 1929– de que no se aplicaría el artículo 130 constitucional, emblemático del jacobinismo revolucionario, siempre y cuando la Iglesia, obispos y sacerdotes, apoyaran con entusiasmo a los presidentes y sus gobiernos. Pocas y débiles fueron las presiones para que la ley se modificara, en lugar de que se violara de manera tan flagrante. Me pregunto cuál podía ser el efecto de semejante acuerdo de todos conocido, entre dos instituciones centrales de la sociedad mexicana sobre las actitudes de los ciudadanos, que además era de todos conocido, sobre las actitudes de los ciudadanos frente a la ley. La Iglesia no fue desde luego la única institución que entró en la simulación. Rath describe con puntualidad el sometimiento del ejército a la autoridad civil por obra de la corrupción. Los oficiales del otrora fiero ejército revolucionario encontraron en cargos diplomáticos atractivas sinecuras. A la vista de todos, muchos de ellos se enriquecían de diferentes maneras, contrabandeaban caballos, compraban tierras, casas de juego o constructoras que obtenían jugosos contratos con el gobierno, como los que se otorgaron a Miguel Henríquez Guzmán. La Revolución produjo ganadores y perdedores que este libro identifica con claridad. Michael Snodgrass describe las ventajas que obtuvieron los obreros a cambio de su disciplina y de su apoyo al gobierno. María Teresa Fernández Aceves ilustra la condición de los ganadores con la experiencia individual de una lideresa tapatía, Guadalupe Urzúa. A su vez, McCormick trata el caso del hermano mayor de Rubén Jaramillo, Antonio, quien después de un breve paso por la oposición, aceptó las restricciones a la crítica y a las movilizaciones independientes. Después, al igual que muchos, supo beneficiarse de las compensaciones materiales que generosamente distribuía el pri a cambio de lealtad. La preocupación de los gobiernos del periodo por la estabilidad política devino en obsesión, también por razones externas –que los editores niegan– y que algún autor apenas insinúa. A partir de la segunda mitad del sexenio de Miguel Alemán la intolerancia frente a la protesta, el repudio a la diferencia política, se intensificaron. La oposición y la crítica eran vistas no como proyección de un legítimo pluralismo, sino como fuente de conflicto, y luego como deslealtad. En todo caso, el espacio para la oposición y la expresión del desacuerdo y de descontento fue cada vez más estrecho. Así pudieron comprobarlo los mineros de Nueva Rosita, Coahuila, que participaron en “Caravana del hambre” hasta la ciudad de México en 1950, para entrevistarse con el presidente Miguel Alemán. Nunca se les concedió la audiencia que buscaban. En lugar del encuentro que habían solicitado por consejo de Lázaro Cárdenas, las dos terceras partes de los 4 500 mineros que arribaron a la capital fueron despedidos. Reseñar una obra colectiva no es tarea fácil. Los textos tienden a ser desiguales, y cada uno amerita un tratamiento particular; pido disculpas a los autores cuyas contribuciones he presentado en términos generales. No obstante, quiero destacar los cinco capítulos de la última sección: “Cultura e ideología”, que me parecieron particularmente informativos y penetrantes. Creo, además, que en esta sección está la clave de la explicación de la longevidad del autoritarismo, porque nos sitúa en el mundo de los símbolos, las afinidades, las imágenes y las identidades que el poder quiso construir; pero también de aquellos que surgieron en la oposición. Los autores, Guillermo de la Peña, Andrew Paxman, Pablo Piccato, Tanalís Padilla y Jaime M. Pensado, proyectan desde diferentes perspectivas imágenes de una sociedad cuya identidad estaba en plena transformación. También reconstruyen las reivindicaciones de estas diferencias frente a los empeños autoritarios de someterlas al supuesto monolitismo de la Revolución. De la Peña describe los cambios en la política indigenista, las variaciones en la posición de los indígenas entre el desacuerdo y el apoyo; pero también su participación en diferentes actos de rebeldía y en las rebeliones campesinas de ese periodo. Piccato recupera con singular maestría figuras icónicas del alemanismo, como el pistolero con traje y corbata, que emblematiza la gangsterización de la política. Desde sus inicios la televisión se convirtió en un agente transmisor de arquetipos sociales cuyo principal objetivo –sostiene Paxman– era contener a una sociedad dinámica y potencialmente conflictiva, según el modelo que le impusieron el pri y el presidente Alemán. En tanto que Padilla reconstruye la defensa de la tradición radical en la que se atrincheraron las escuelas normales rurales, fundadas por el presidente Cárdenas, y que sus sucesores mantuvieron a regañadientes. Igualmente cardenista es la tradición del Instituto Politécnico Nacional, cuyos estudiantes montaron en 1956 la primera gran ofensiva antiautoritaria desde las filas de la educación superior. El texto de Pensado es un acto de justicia que pone en su lugar al movimiento estudiantil de la unam en 1968, y pondera la originalidad de su contribución a la historia de la protesta antiautoritaria. A la luz de estos textos, el Estado posrevolucionario aparece como El gesticulador de Rodolfo Usigli, un simulador que se escuda en un discurso revolucionario del que deriva su legitimidad de origen, sus glorias pasadas y sus promesas de futuro, y que asocia artificialmente valores sociales y políticos que la realidad ha divorciado. La imagen del Estado fuerte era un trompe l’oeil que distraía la mirada de la realidad. No obstante, el Estado también era una auténtica maquinaria administrativa y política que sostenía un régimen de premios y castigos. La información que aportan estos capítulos y el análisis que ofrecen de la época nos muestran una sociedad fracturada, presa de tensiones congeladas, que los gobiernos autoritarios pretendían administrar antes que resolver. Una imagen muy distinta de la que hemos construido del “milagro mexicano”. Todo indica que el Estado estabilizó a la sociedad sin resolver sus fracturas, gracias a una organización en la que cada grupo social, sindicato, organización campesina o asociación empresarial, mantenía una relación vertical con el Estado. Esta fórmula bloqueaba las relaciones horizontales que podían impulsar un desarrollo social más equilibrado, pero también articular resistencias y oposiciones antiestatistas. En consecuencia, la sociedad autoritaria parece haber estado integrada por grupos aislados unos de otros, cada uno de ellos encapsulado en su identidad y en una relación particular con el Estado. Dictablanda no desafía todas las interpretaciones convencionales del México de la posrevolución; sorpresivamente recupera una muy discutible: la idea de que el desarrollo político de esos años fue una experiencia totalmente endógena, que ocurrió en términos únicamente mexicanos. Esta postura era débil cuando la defendían los admiradores de la experiencia hace medio siglo, pero ahora, en pleno auge de la historia global, es incomprensible. En la Introducción, Gillingham y Smith sostienen, no sin audacia, que no incluyeron un capítulo sobre las relaciones de México con el exterior porque están convencidos de la irrelevancia del contexto internacional para la política de la época. Una primera implicación de su dicho es que México se mantuvo al margen de las corrientes internacionales y fuera del alcance de la influencia de Estados Unidos. Me cuesta trabajo creer que haya sido el único país en América Latina, y en el mundo, que escapó a las consecuencias de la Guerra Fría y al predominio estadounidense. Puede ser que las preguntas que se hacen Gillingham y Smith no sean las más pertinentes para calibrar el peso del exterior sobre desarrollos internos. Pero supongamos que lo son: entonces, lo menos que se puede decir es que su argumentación no logra rebatir la validez de la geopolítica, y tampoco de un número importante de investigaciones que desde finales de los años ochenta demuestran el peso de la vecindad con Estados Unidos sobre la política interna mexicana. Esta postura deja sin explicación las reacciones del gobierno frente a la revolución cubana que entre 1961 y 1963 provocó en México una ola de miedo al contagio que precipitó la movilización y la organización de grupos de oposición antiestatista y anticomunista que cimbraron la pax priista. La Iglesia católica se radicalizó y con ella amplios sectores de clase media y grupos importantes del empresariado, y desafiaron la política educativa y exterior. Lograron modificaciones importantes. La rivalidad soviético-estadounidense reanimó la fractura cardenismo-anticardenismo que se había instalado en México desde finales de los años treinta; también renovó el discurso político e impulsó la aparición de nuevas identidades políticas. Varios autores del libro contradicen la postura de los editores en relación con la influencia del exterior en la política interna. Knight se refiere a la “extroversión” de México que mira al exterior en busca de nuevos modelos políticos; Tanalis Padilla describe la poderosa influencia de la revolución cubana sobre las actitudes y las acciones de los maestros vueltos guerrilleros; los estudiantes politécnicos, nos dice Pensado, se movilizaron inicialmente porque estaban convencidos de que empresarios estadounidenses habían decidido apoderarse de la industria mexicana, y dejar en el desempleo a los trabajadores mexicanos. Por último, cabe señalar algunos errores históricos que bien valdría la pena corregir en caso de que el libro se tradujera o tuviera una segunda edición. Primero, contrariamente a lo que se dice en la Introducción, los padres del subcomandante Marcos no eran maestros rurales, sino comerciantes en Tampico. Segundo, Gillingham afirma que la fundación del pri fue una respuesta de emergencia a la matanza ocurrida en la ciudad de León en enero de 1946. No fue así. La fundación de un nuevo partido que sería el sustituto del prm empezó a discutirse desde 1940; en 1944 el gobierno circuló entre los legisladores un proyecto que proponía una organización en la que la afiliación sería individual, lo cual significaba el desmantelamiento de la estructura corporativa. La convención en la que se fundó el pri fue convocada en diciembre de 1945. Tampoco es cierto, como dice Gillingham, que la ctm “dio vuelta en ‘U’” cuando apoyó la fundación del pri. De hecho la central se mantuvo firme en la defensa del voto corporativo y ganó. En general todas las fuentes son irreprochables, salvo por un par de imprecisiones. No obstante, en mi opinión es aventurado dar por buena la versión del embajador de Gran Bretaña de cómo se tomó la decisión de la sucesión presidencial en 1952. Según él, fue producto de una reunión de un “senado informal” integrado por expresidentes. Sin embargo, no hay evidencia de que así haya sido, más allá de los decires del embajador. Es un soporte débil, como lo es todo relato que se apoya en anécdotas y rumores, como ocurre con la cita del embajador inglés a la que aludimos antes, o con las descripciones del comportamiento del presidente cuyas motivaciones son, sobre todo, producto de la imaginación de quien lo mira. Entiendo la dificultad de reconstruir personajes y sus relaciones y vivencias cuando no hay diarios o memorias personales, pero la alternativa que escogieron estos autores no parece suficientemente sólida o convincente. Por último, Snodgrass rastrea la carrera de Napoleón Gómez Sada desde su llegada a la secretaría general del sindicato minero en 1960, donde permaneció casi medio siglo; sin embargo, el autor olvida mencionar que quien condujo al sindicato “hasta la histórica derrota del pri en 2000” fue su hijo, Napoleón Gómez Urrutia, elegido en 1998 para remplazar a su padre. Estas fallas no le restan a este libro su valor ni disminuyen su contribución al conocimiento de una historia rica y compleja, que ha sido empobrecida por la utilización que de ella se ha hecho desde el poder y desde la oposición. Sólo hay que recordar que el único contrapeso posible a las manipulaciones de la historia son investigaciones serias y fundamentadas que, como ésta, la rescatan de los usos y abusos de la política.

Soledad Loaeza

El Colegio de México

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