Según se desprende del comparativo que ofrece la encuesta de Mitofsky de las evaluaciones trimestrales de los últimos cuatro presidentes, Carlos Salinas recibe las mejores calificaciones, una aprobación constante superior a 70% excepto en dos trimestres cuando obtuvo 64% y 69%, respectivamente; mientras que en el tercero de 1992 la proporción de la opinión que aprobaba a su gobierno se disparó a 81%. En cambio, el gobierno del otro presidente priista del grupo, Ernesto Zedillo, registra los porcentajes más bajos de opinión aprobatoria: 31%, 32%, 36%. Ni siquiera Vicente Fox cayó tanto, aunque en su segundo año de gobierno registró 45%.

La pregunta que hay que hacerse es ¿Cuál es la mejor manera de interpretar estos resultados y qué nos dicen? Para entender las respuestas de la opinión es preciso contextualizarlas. ¿Qué pasaba en el país cuando se levantó la encuesta? Lo que obtenemos con este tipo de investigaciones es una instantánea, la fotografía de un momento que de manera inevitable va a cambiar; así, una de las pocas cosas predecibles de la opinión pública es su variabilidad. No hay más que comparar la imagen que tiene hoy Carlos Salinas, con la que tenía durante su gobierno, para comprobar cuán “infieles” somos los ciudadanos, o cuán desleales son los presidentes a las expectativas ciudadanas, y los riesgos que entraña gobernar a golpe de encuestas de opinión pública. El presidente que se deja sorber el seso por estos ejercicios gobernará en forma errática y contradictoria, porque así es la opinión pública, sobre todo en momentos de confusión e incertidumbre.

La evaluación del presidente Calderón ejemplifica algunas de estas contradicciones: es aprobado por más de la mitad de la opinión, pero más del 60% considera que se le están saliendo las cosas de control, 27% piensa  que posee la capacidad para ejercer un liderazgo nacional, y sólo 23% considera que tiene capacidad para resolver los problemas del país. Si colocamos estos cuatro resultados uno al lado de otro ¿qué podemos concluir? ¿Cuál es la percepción que tiene la mayor parte de la opinión pública del presidente Calderón? No es un líder, no se le reconocen capacidades para gobernar, y la mayoría tampoco cree que tenga las riendas del país. Y, sin embargo, más de la mitad de la opinión lo aprueba. Estas aparentes contradicciones pueden explicarse por consideraciones implícitas en las respuestas de los encuestados; por ejemplo, en la valoración de “liderazgo” y “control del país”, intervienen factores como la evaluación de los miembros del gabinete, de suerte que la mala actuación del secretario X o Z, incide sobre la percepción que tiene la opinión del presidente. En cambio la pregunta acerca de la aprobación de su gestión está concentrada en la persona de Felipe Calderón. El fracaso de los llamados presidenciales a la unidad nacional en torno a la lucha contra el crimen organizado, abona el juicio negativo a propósito de su capacidad de liderazgo; de la misma manera que el bajo nivel de aprobación que recibe su política de seguridad –34%– se apoya en la percepción mayoritaria de que está perdiendo el control del país. O sea que, esta foto, como muchas otras, salió movida.

Según la SFP, en lugar de gastar los recursos que le fueron destinados, gracias en buena medida a las presiones del entonces diputado Luis Pazos, en los fines que justifican su existencia, el Comité Nacional de Provida los dilapidó en la compra de plumas Cartier, tangas y ropa para caballero. Además de la multa que se les ha impuesto podría sugerirse un cambio de nombre. ¿Qué les parece: Comité Nacional Probuenavida?. La denuncia de la corrupción de Provida se añade a los problemas recientes que ha tenido que enfrentar la Iglesia, provocados por los abusos cometidos por sacerdotes en contra de niños que estaban bajo su cuidado. Por esa razón resulta increíble que algunos obispos mexicanos hayan elegido estos momentos tan graves para la Iglesia católica en todo el mundo, para lanzarse contra disposiciones legales –el matrimonio entre personas del mismo sexo y el derecho de estas parejas a adoptar niños—que, según ellos son un ataque directo a la familia y a la inocencia infantil. ¿Y no fue eso lo que hizo Maciel?

La metáfora de los sepulcros blanqueados a que hace referencia el título de este artículo, fue la expresión que utilizó Jesús –según el evangelio de San Mateo– para señalar a los fariseos, cuya apariencia suntuosa ocultaba podredumbre. Sepulcro blanqueado es sinónimo de corrupción y de hipocresía, y hoy parece perfectamente aplicable a autoridades católicas que solapan comportamientos ilícitos, como el desvío de recursos públicos, fraudes millonarios de algún connotado miembro del clero o, peor aún, la pederastia. Ahora que conocemos la historia de Marcial Maciel nada parece más hipócrita que el escándalo que hacen los obispos mexicanos, que bien conocían sus tropelías, para presentarse como defensores morales de la sociedad.

La erosión de la autoridad moral de la Iglesia católica ha sido una de las consecuencias más graves de los escándalos que ha provocado el conocimiento de las duplicidades y de los vicios de Maciel. De suerte que cuando cardenales y portavoces del Episcopado se lanzan contra la Suprema Corte de Justicia para descalificar sus decisiones, es inevitable preguntarle ¿Y tú con qué autoridad hablas, si uno de tus grandes santones fue un corruptor de menores, drogadicto, comerciante de favores celestiales, y defraudador profesional?

Las vulgares y agresivas expresiones del cardenal de Juan Sandoval Íñiguez contra los ministros, de los homosexuales, y del jefe de gobierno de la capital también ponen en evidencia que los seminarios en los que se forman las sacerdotes no escapan a la catástrofe educativa del país.  Contrariamente a lo que ocurría en el pasado, los sacerdotes mexicanos hoy no son hombres ilustrados ni doctos, sino que se comportan exactamente igual que el lamentable líder universitario que fue el Mosh, de triste memoria. Las declaraciones del cardenal revelan tanta imprudencia como falta de vocabulario e incapacidad de argumentación. Acusar a los ministros de la Corte de que fueron “maiceados” traiciona principios de la Iglesia y mandamientos como el de “No levantarás falso testimonio”, y en tanto no pruebe con evidencia material firme su dicho, aquél de que Marcelo Ebrard pagó a los ministros para que votaran a favor de la constitucionalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo, su acusación sólo será una calumnia. Además, con el antecedente de Maciel y de la enconada defensa que hizo de él en el pasado, ¿Quién le va a creer a Sandoval?

El mismo día que dio la entrevista arriba mencionada, González Iñárritu participó en una conferencia de prensa en el Festival Internacional de Cine Expresión en Corto, en Guanajuato, en la que propuso ese mismo punto de vista: “Tenemos que crear espacios para hablar de otra cosa que no sea narcotráfico, secuestro, violencia, venganza…” (La Jornada, 31/07/2010) Y nadie puede acusar a este talentoso director de cine de rehuir temas difíciles y dolorosos, como lo demuestra su filmografía. Amores Perros o 21 gramos, son películas que muestran la profundidad que puede alcanzar la soledad, el peso de la culpa, los desgarramientos de la violencia íntima, todo ello dentro de un contexto social que enmarca y –hasta cierto punto— influye los agudos conflictos individuales que sus películas plantean. (Por esa misma razón me resultó incomprensible la reacción de los conductores de El hueso, que, una vez terminada la entrevista, es decir cuando el cineasta ya no estaba en los micrófonos, se burlaron de él y quisieron descalificarlo con una sátira musical desmedida e inapropiada, que lo pintaba como una persona a la que sólo le gustan las cosas y la vida Biutiful, que es el título de su última película.)

González Iñárritu tuvo oportunidad de explicar  su postura en la conferencia de prensa, cuando definió el trabajo de los informadores, de los periodistas que “están obligados a escribir sobre eventos sin la distancia del tiempo” porque tienen el compromiso de informar con oportunidad; y lo distinguió del trabajo de los artistas, que transmiten una verdad a través de un universo creado por la ficción. Creo, como él, que el narco y la política han llegado a controlar nuestra existencia en la medida en que haya quien piense que no tenemos derecho a hablar de otra cosa. Más todavía, como dice el cineasta, el impacto que tiene una verdad presentada en el universo ficticio de una película cala mucho más hondo que noticias y comentarios que de tanto repetirse se convierten en una rutina que los banaliza. Habría que preguntarse si la crueldad de los crímenes de los narcotraficantes acaso nos sorprenden cada mañana. Sospecho que nuestros ojos, nuestro estómago y nuestro corazón se han endurecido a fuerza de repetición. Sólo así me explico, por ejemplo, la dureza de quienes celebran el secuestro de Diego Fernández de Ceballos.

La prominencia de la nota roja y de la politiquería en la información y los comentarios en los medios, nos ha empobrecido y ha estrechado la perspectiva desde la que vemos a México, y a nosotros mismos. Estos temas absorben la atención de los políticos y del gobierno, como debe ser; pero no hay razón para que los demás no miremos más allá. Sin embargo, el narco y la violencia se han apoderado también de nuestra imaginación, y a esta victoria le debemos en parte nuestra incapacidad para conmemorar el 2010. Otra prueba de que van ganado fue la irritación de los conductores de El hueso con las respuestas del cineasta que, a mi manera de ver, era una oportunidad para que hablaran de otros temas, por ejemplo, de cine precisamente con uno de los directores más reconocidos en todo el mundo. Una plática sobre este tema, que es el que González Iñárritu conoce, habría sido ilustrativa, enriquecedora, refrescante; pero los hueseros, por lo general agudos e ingeniosos, dieron prueba de que no quieren hablar más que de narco y de política, aunque no creo que sean esos los únicos temas que conocen. Lo que es cierto es que son los que están más a la mano. Me recordaron a aquel viejo profesor de la Escuela de Ciencias Políticas que me recomendó que, si no había preparado mi clase no me apurara, y que me fuera “duro contra el imperialismo”.

2010 es el año en que debíamos hablar de Miguel Hidalgo y Costilla, de José María Morelos y Pavón, de Josefa Ortiz de Domínguez, de Francisco I. Madero, de Carmen Serdán, de Venustiano Carranza. No obstante, lo hemos convertido en el año del Mayo Zambada, del Chapo Guzmán, de la reina del Golfo, de Osiel Cárdenas y de Vicente Carrillo Fuentes.

Sé que con este artículo me arriesgo al vituperio –como cada dos semanas–, y a las burlas de los hueseros. No obstante, desde aquí les mando un saludo, y les pregunto ¿de veras no tenemos otros temas de conversación?

En principio, los regímenes presidenciales tienen la ventaja del mando unificado que con frecuencia hace falta en los regímenes parlamentarios. Durante el sexenio anterior vimos todo menos eso. Cada uno de los miembros del gabinete jalaba en la dirección que le dictaba su –suponemos– leal saber y entender, mientras Vicente Fox posaba para el “Hola”. Ahora, en cambio, el presidente Calderón pretende evitar la cacofonía gubernamental del pasado mediante la concentración de la autoridad, pero no hay que olvidar que eso también supone la concentración de la responsabilidad. De manera que si las cosas marchan mal en Turismo será su culpa, al igual que lo será el pobre desempeño de la economía; sin embargo, el presidente parece dispuesto a correr este riesgo.

Los últimos nombramientos en el gabinete sugieren que Felipe Calderón responderá a cualquier desafío de alguno de los suyos a su autoridad o a su posición en el corazón del sistema político. En lugar del secretario Fernando Gómez Mont, personaje con luz propia, designó a un oscuro político bajacaliforniano una de cuyas credenciales determinantes es su amistad con el presidente. Su predecesor también es su amigo—y suponemos que lo sigue siendo–, pero ésa no es su única virtud y nada sugiere que Blake Mora haya recibido junto con la oficina de Bucareli, la astucia o la habilidad de Gómez Mont. Al designar a un su amigo, miembro de su partido, cuya capacidad política fue brutalmente exhibida por los resultados electorales pasados en los que Acción Nacional perdió en su estado cuatro municipios, el presidente Calderón nos está diciendo que de ahora en adelante, el secretario de Gobernación será él. Probablemente nos manda el mismo mensaje con el nombramiento de Bruno Ferrari en la secretaría de Economía, quien, a diferencia del presidente que tiene una maestría en esa materia, ostenta una formación profesional orientada más hacia la presidencia del Movimiento Familiar Cristiano que hacia la promoción de la inversión y del empleo. A menos de que el presidente esté pensando en la conveniencia de multiplicar la experiencia de las empresas familiares.

Sea como sea, la situación económica es el eje de las preocupaciones de los ciudadanos en México, como en el resto del mundo. La popularidad del presidente Calderón, como la de Barack Obama en Estados Unidos o la de Nicolás Sarkozy en Francia, depende de un tema sobre el cual ejercen un control limitado: el comportamiento de la economía. De suerte que el nombramiento de Bruno Ferrari en Economía es una operación de alto riesgo político, y es probable que con todo y el problema de la seguridad pública, para la opinión sea mucho más importante la perspectiva de la actividad económica, que los asuntos de las elites políticas que son la materia de trabajo del secretario de Gobernación, es decir, las relaciones entre el presidente y los legisladores, o con los gobernadores.

Nadie puede desafiar la autoridad presidencial para la integración del gabinete. Intentarán hacerlo algunos legisladores; pero la Constitución le atribuye la facultad de designar a sus secretarios de él, que no ministros del gobierno, como lo serían en un régimen parlamentario. Algunos observadores maliciosos verán en la reconstrucción del poder y de la autoridad presidenciales nostalgia del pasado, o la intención oculta de reconstruir una presidencia priista. Si ése es efectivamente el propósito del presidente no podemos augurarle éxito. No cabe duda que el presidencialismo de los tiempos del PRI tenía grandes ventajas para un proceso de toma de decisiones expedito. No obstante, reconstruirlo se antoja una tarea imposible. La fuerza que han ganado los partidos políticos con la democratización no va a desaparecer sobre todo si el ejercicio de la autoridad presidencial se concentra en  los miembros del partido del presidente.

En términos de actitudes y tendencias de los votantes el proceso electoral también es importante porque ofrece elementos de reflexión a propósito de la elección presidencial de 2012. Los líderes del PRD y del PAN ya anunciaron que no irán en alianza en esos comicios. Pero tal vez hablaron demasiado pronto, sobre todo si tenemos en cuenta la perseverancia y la capacidad persuasiva de políticos como Manuel Camacho, que llevan buen tiempo trabajando por la construcción de un frente unido de oposición. No sólo eso. En el trienio que ahora inicia, el PRI tiene la oportunidad de avanzar en las preferencias electorales si sus elegidos se desempeñan con eficiencia y honestidad; si los porcentajes que lo favorecen son grandes, sus opositores habrán de reconsiderar la posibilidad de lanzar un candidato único. Pero esta estrategia se topa con las diferencias programáticas que separan todavía a las izquierdas del PAN, así como con los gigantescos egos de los aspirantes: López Obrador piensa volver a la carga, pero, a diferencia de lo que ocurrió hace cuatro años, ahora tendrá que enfrentar las dudas que despierta su liderazgo incluso entre muchos de sus antiguos seguidores, así como el surgimiento de alternativas dentro de las mismas izquierdas, por ejemplo, Amalia García o Marcelo Ebrard, que cuentan con un capital político propio. (Y no faltará el chistoso que le señale a López Obrador que estaría infringiendo el principio de la no-reelección) Además nadie imagina que Santiago Creel, Javier Lozano o Gerardo Ruiz Mateos estén dispuestos a renunciar a sus pretensiones presidenciales a favor de López Obrador, o de quien quiera que fuera el candidato de las izquierdas.

Más allá de conjeturas a propósito de una candidatura presidencial única del antipriismo, el proceso electoral reciente es un buen punto de partida para que los partidos examinen su desempeño, su imagen pública, reconsideren sus estrategias y discutan las plataformas que impulsarán dentro de dos años. Por ejemplo, los descorazonadores resultados que obtuvo el PRD, en particular la derrota en Zacatecas, debería ser una lección para las izquierdas locales y nacionales, pues con todo y la gubernatura en sus manos, según el PREP, el partido obtuvo casi la mitad de votos que recibió el PRI (23 por ciento frente a 44 por ciento). Incluso si sumamos los sufragios emitidos por el PT, que hubiera podido presentarse en alianza con el perredismo de no ser por el conflicto de la gobernadora García con su predecesor Ricardo Monreal, el partido en el poder habría sido derrotado.

Superada la rabia inicial y las denuncias de “traiciones internas”, los protagonistas de este desaguisado tendrían que analizar cuerdamente cuáles fueron las facturas que les pasaron los zacatecanos. Sólo así estarán preparándose para una elección presidencial que, de mantenerse el retroceso del perredismo, las pugnas internas de las izquierdas y su incapacidad para formular un programa de gobierno medianamente interesante, puede ser el sueño realizado de los promotores del bipartidismo en México.

Para Acción Nacional los resultados del domingo son un respiro, porque no fueron el “carro completo” que se veía venir y que hubiera ensoberbecido a los priistas de tal forma, que se hubieran vuelto intratables. Ya lo son, pero de haber conquistado todas las gubernaturas habrían elevado a precios prohibitivos su apoyo a las políticas del gobierno, o simplemente su participación en los procesos institucionales. El PAN en alianza triunfó en tres estados políticamente importantes: Oaxaca, Puebla y Sinaloa. Lo primero es que no puede olvidar que llegó en alianza con otras fuerzas políticas, y sería un error que, en Puebla o en Sinaloa, intentara pintar todo de azul, como lo ha hecho en el gobierno federal y ahí adonde ha llegado. Si lo intentara siquiera, solamente estaría alimentando la desconfianza que ya despierta su imparcialidad en los procesos electorales. Sería una catástrofe que en los comicios presidenciales de 2012 se reprodujera el contexto polarizado de 2006, y que la sospecha dominara la sucesión presidencial, entre otras razones porque las imágenes y actitudes negativas, por ejemplo, en relación con el IFE tendrían un efecto acumulativo que podría destruir nuestra accidentada experiencia democrática.

El PRI es un partido ganador, pero menos de lo que esperaba, y también tiene lecciones que extraer del proceso del domingo. En primer lugar, que en esto de la democracia ningún partido tiene la vida comprada, que los aliados de hoy pueden ser los adversarios de mañana, y que, pese a su generosidad, muchos electores no olvidan y tampoco toleran a políticos del corte de Mario Marín y de Ulises Ruiz.

Este diagnóstico evoca una comparación relativamente fácil con las oposiciones mexicanas, en particular con el PRD y con el lopezobradorismo que se han abierto espacio exacerbando las emociones negativas, y sólo a veces positivas, de los ciudadanos; pero la ira popular ha sido el material básico de trabajo también de otras fuerzas políticas. En los años ochenta lo fue del PAN en contra del PRI, ahora lo es del PRI en contra del PAN. Esto significa que la ira en un país como el nuestro, no tiene una afiliación política precisa, sostiene un tránsito fluido –por decirlo de alguna manera—que puede parecer sorprendente entre partidos y partidarios, y también la volatilidad de un porcentaje considerable del electorado. La ira contra el gobierno es un recurso inflamable y barato, por esa razón los partidos en México lo utilizan de continuo, aunque de manera irreflexiva. Simplemente porque es más expedito provocar el enojo por la persistencia de los problemas, que ponerse a pensar soluciones para resolverlos. Hacer eso supone trabajar, estudiar, analizar alternativas, y eso toma tiempo. En cambio, la explotación de la ira reporta ganancias rápidas, no exige ideas ni explicaciones, basta tener un vocabulario de irreverencias, contar dos o tres chistes rápidos y si se puede vulgares, pulmones para la denuncia, capacidad histriónica, facilidad para promover la indignación, y adoptar las actitudes de superioridad moral que entre nosotros asume el rebelde.

En México siempre hay una buena disposición a la ira popular, una de cuyas ilustraciones más  dramáticas fueron los asesinatos de policías en 2004 en Tláhuac, cuyo desenlace fue la renuncia de Marcelo Ebrard de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. No obstante, no fue éste un caso único ni aislado. Frecuentes son los reportes periodísticos de linchamientos por todo el país. Uno tiene la sensación de que la “furia del pueblo”   siempre a punto de estallar por razones todas ellas legítimas: los abusos de la policía y del ejército, el cinismo de los funcionarios, el narcisismo de los políticos, y por causas más profundas: la pobreza, la miseria de nuestras ciudades, el egoísmo de los ricos, la escandalosa desigualdad.

Por muy legítima que sea la ira popular se trata de un recurso limitado. Como todas las emociones puede ser relativamente efímera, atizar solamente llamaradas de petate, y deja huellas también pasajeras, porque  la ira es un material de combustión rápida. Bien conocen incluso nuestros políticos la variabilidad de una opinión que se alimenta sólo de emociones, que un día los ensalza y los adora, y al otro los desconoce, cuando no los persigue para destruirlos. No obstante, el mayor costo de la ira es que sostiene la pereza de partidos y de políticos para quienes es más fácil despertar sentimientos que inducir la discusión civilizada de argumentos y opciones políticas. Nuestra experiencia es prueba del costo que acarrea la sustitución de las ideas por emociones, pues el entusiasmo pasajero que inspira el político que llama a la indignación construye bases de apoyo débiles, pero tiene poco valor acumulativo. Un programa político que se inspira en la ira será autoritario y antidemocrático, de manera inevitable, porque para resolver el enojo no ofrecerá más que castigos y venganza, y por muy atractivas que les resulten a muchos estas promesas, mal comienza un gobierno que propone unos y otra como instrumento o como objetivo.

El tono iracundo que se ha apoderado de nuestra vida política no es extraordinario. Puedo pensar en muchos momentos similares en los últimos treinta años. No cabe duda que la ira fue un catalizador del cambio político, pero también le atribuyo la pobreza de ideas de nuestros políticos, la mediocridad de las plataformas de partidos, en última instancia, creo que la ira ha sustituido a la acción política de largo plazo porque son apenas infiernillos que agotan la pólvora de nuestras energías.

Este momento oscuro se ha impuesto sobre nuestra recapitulación del pasado con tanta fuerza que no son pocos los comentaristas, e incluso los académicos, que se preguntan si acaso tenemos algo que festejar. De hecho, es como si las conmemoraciones  nos la haya impuesto a regañadientes el calendario cívico. Si la conmemoración de nuestros aniversarios hubiera coincidido con la culminación del proceso de transición democrática el 2 de julio de 2000, seguramente habríamos aplaudido esta transformación como parte de un largo pero exitoso proceso de construcción nacional que, pese a sus muchos tropiezos y no pocos desequilibrios, tuvo un desenlace feliz. Tal vez seríamos más justos con nosotros mismos y reconoceríamos los aciertos, las victorias, los logros de 200 años de independencia y un siglo de cambio social y político. Yo me pregunto si alguien en su sano juicio está dispuesto a sostener que México estaría mejor si continuara siendo colonia española, si viviéramos gobernados por la Constitución de 1857, o si la dinastía sonorense no hubiera triunfado sobre el carrancismo.  Imaginemos cómo sería México sin esas grandes transformaciones.

Es también desafortunado que las conmemoraciones hayan coincidido con la presencia en el poder de un partido que aparentemente no sabe muy bien qué hacer con la Historia, y oscila entre la kermesse y la charreada. Los titubeos en este tema han sido más notorios que en otras materias, pero sobre todo han tenido la muy indeseable consecuencia de trasladar las diferencias partidistas de hoy a la interpretación del pasado, que es, quiéranlo o no, nuestro legado común. La incomodidad del gobierno con la Historia es evidente en el caso de la Revolución, como si realmente no supieran qué o a quién recordar. Si los hermanos Flores Magón los inquietan o si Carranza los espanta, nada impide que se refieran con toda naturalidad a Francisco I. Madero, a Luis Cabrera –que estuvo a punto de ser su primer candidato–, entre otros muchos. Sólo se requiere un poco de imaginación.

No obstante, poco ha hecho el gobierno por reconciliar a los panistas con el pasado de todos. Han dedicado muchos esfuerzos a recuperar la dimensión histórica de su fundador, Manuel Gómez Morín, pero en 1910 era muy joven, y luego la verdad es que no fue una figura nacional sino hasta que Acción Nacional llegó al poder, y no porque hubiera sido el líder de una oposición clandestina, sino porque después de 1945 su figura fue opacada  por el ascenso al poder de otros abogados que tomaron decisiones trascendentales para el desarrollo del país.

La conmemoración de los aniversarios tendría que ser hasta cierto punto un festejo —sin olvidar sus costos humanos y materiales— del cuál pudiéramos extraer claves para la superación de los problemas que nos agobian. En lugar de eso se ha convertido en otra fuente de pesimismo. Poco ha hecho el gobierno actual para contrarrestar el desánimo.  La construcción nacional se llevó a cabo, al igual que en muchos otros países, en torno a acciones y propuestas estatales, y entre nosotros la iniciativa gubernamental ha sido clave para el fomento de actitudes positivas frente al pasado nacional, que era visto como un punto de partida de un futuro luminoso. No habría más que comparar el tono más o menos triunfalista de las conmemoraciones de 1960, la ponderación de los avances de la modernización del país, la certeza de que sabíamos para dónde y por dónde íbamos.

En cambio ahora, percibo algo así como un vacío, una ausencia que me produce desazón, como si la incapacidad del gobierno actual para ofrecernos una conmemoración creativa e inteligente de estos aniversarios confirmara las lecturas empobrecidas de nuestra historia que no ven en nuestro pasado más que traiciones y fracasos, y la entienden como un grillete del que debemos desprendernos si acaso queremos alcanzar el progreso tantas veces prometido. Si de veras poco hay de bueno que conmemorar ¿Por qué no posponemos los aniversarios un década? Así celebramos la consumación de la Independencia y la figura de Iturbide, y la elección de Álvaro Obregón.

Cuando el PAN estaba en la oposición cumplía una importante función de vigilancia que era un poderoso disuasivo para los funcionarios abusivos asociados con gobiernos priistas. Fueron estos últimos los que introdujeron cambios en la administración pública con el fin de frenar la corrupción, por ejemplo, la secretaría de la Función Pública –originalmente llamada secretaría de la Contraloría-. Ahora no hay quien vigile a los panistas –la autoridad moral de los otros partidos en ese respecto es más bien limitada–, que se comportan igual, si no es que peor, que los priistas de los años setenta. Favoritismo, nepotismo, licitaciones amañadas, recursos públicos desviados a operaciones especulativas, tráfico de influencias caracterizan a las administraciones panistas que al inicio se nos presentaron como una orgullosa parvada de mirlos blancos. El temor a la Contraloría introdujo orden en la administración gubernamental; los funcionarios del pasado respetaban a esa instancia y cumplían con sus requerimientos. Ahora no es así. Hace unas semanas la secretaría de la Función Pública presentó una larga lista de funcionarios, entre ellos muchos de primer nivel, que no habían hecho su declaración patrimonial. Una omisión que hubiera sido impensable antes de 2000.

Así, las amargas noticias que recibimos a diario a propósito de la violencia en el país, el desempleo y el maltrato a los mexicanos en Estados Unidos, son todavía más amargas cuando se publican al mismo tiempo notas que refieren la corrupción de funcionarios panistas. Tanto ha sido el empeño de Felipe Calderón de colonizar la administración pública con miembros de partido, que en la selección de presidentes municipales, secretarios, subsecretarios, directores generales, embajadores, ha pasado a segundo término no sólo la competencia profesional, sino también la honestidad. Lo mismo ha ocurrido con varios candidatos panistas que, no obstante su mala fama pública, se presentan ante el electorado arropados en los pliegues del PAN. Al igual que en los peores momentos del PRI, su propósito fundamental es acogerse al fuero legislativo.

El último escándalo lo protagoniza Francisco López Tostado, que fue subsecretario de SAGARPA hasta 2006, y que ahora funge como delegado de la misma secretaría en Guanajuato, su estado de origen. Se le acusa de beneficiar gracias a un contrato multianual, a una empresa del Bajío, Lograar, de la que él mismo y su hijo son accionistas, para la distribución de un biofertilizante subsidiado. Por cierto, no deja de llamar la atención la prosperidad de mucho guanajuatense asociada con el gobierno de Vicente Fox. La información a propósito del señor López Tostado y de su hijo proviene de la Secretaría de la Función Pública, que afirma que es el resultado de una investigación que está en marcha desde hace meses. No obstante, no parece haber muchas indagaciones de esta naturaleza pese a que más o menos todos los días la prensa da a conocer las numerosas denuncias que se presentan contra funcionarios de distintos niveles –la mayoría de filiación panista–, que no distinguen el interés público de sus intereses privados, y tampoco conocen el significado del concepto “conflicto de intereses”, y les parece natural otorgar contratos a sus parientes y a sus amigos, con la peregrina idea que sólo la credencial partidista distingue al funcionario honesto del funcionario deshonesto. Esta interpretación nos recuerda los bobos prejuicios del presidente Fox, de triste memoria, en relación con la presidencia de la República o con el mismo PRI, que según él no estaban sujetos a ninguna regla, sino que respondían a los caprichos personales del presidente en funciones. Así intentó gobernar. Y así nos fue.

Una de las banderas históricas de Acción Nacional fue la lucha contra la corrupción. A finales del siglo XX , la promesa de que con sus candidatos en el poder llegaría a su fin fue uno de los motores de su victoria. Por desgracia, ahora ninguno de los tres partidos grandes puede prometernos un gobierno honesto porque carecen de credibilidad. Los tres han sido –o son—gobierno, y han incurrido en grandes actos de corrupción. Ninguno de ellos puede erigirse en defensor del interés público, como logró hacerlo a ojos de muchos  el PAN cuando estaba en la oposición. Este atributo le ganó el apoyo circunstancial de muchos, un sostén que difícilmente podrá recuperar. Tendrían que saber que la corrupción desprestigia a la democracia tanto o más que el mal gobierno.

A un poco más de veinte años de pronósticos tan optimistas, cabe preguntarse qué tan satisfechos estamos con el cambio político y cuál es la situación de la democracia en el mundo. Contrariamente a lo que hubiera dejado esperar la generalización del fenómeno, la evaluación de su desarrollo tiene que atender a las particularidades de los diferentes casos. De otra manera no se entienden resultados como los que recoge la última encuesta de Latinobarómetro según los cuales, por ejemplo, Venezuela y El Salvador son los países que registran mayor apoyo a la democracia –88% y 68% respectivamente. En cambio, en México ese apoyo ha disminuido de 51% en 1996 a 42% trece años después. Al ver estos porcentajes uno no puede sino preguntarse ¿Qué significa democracia para los venezolanos? Pues todo sugiere que es una noción diferente a la que ha prevalecido en México durante más de dos décadas. Las noticias que nos llegan de Venezuela nos hacen pensar que se trata de un gobierno personalista, que ha movilizado a amplios grupos populares, que recrea experiencias populistas del pasado, y para la cual los valores de la democracia liberal han pasado a segundo término –aún cuando gracias a sus mecanismos el presidente Hugo Chávez llegó al poder. Habría incluso que recordar que optó por la vía electoral y partidista, luego de que fracasó en su intento de llevar a cabo un golpe de Estado. Para la mayoría de los venezolanos la democracia no parece estar necesariamente asociada con pluripartidismo, sino más bien con el ejercicio plebiscitario del poder.

En cambio, los mexicanos identificamos la democracia con elecciones libres y competidas, y con pluralidad partidista. Todo eso hemos tenido, por lo menos desde 1994. ¿Qué ha pasado desde entonces que ha minado el apoyo a la democracia entre nosotros? ¿Son demasiadas elecciones, demasiados partidos? Como parecen decir algunos. En 1996 se introdujeron las reformas al COFIPE que fortalecieron la confianza de los ciudadanos en el voto, y de los partidos en la autoridad electoral; en 1997 el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, y el presidente Zedillo se vio atrapado en una difícil experiencia de gobierno dividido que, sin embargo, era prueba de que la pluralidad política se había instalado efectivamente entre nosotros. En 2000 Vicente Fox derrotó al candidato del PRI, y desde entonces la alternancia en el poder perdió excepcionalidad. Actualmente el ciudadano sabe que puede utilizar su voto para negociar con los partidos la satisfacción de sus demandas; el poder legislativo es un auténtico contrapeso al ejecutivo. En fin, en términos generales, los mínimos del régimen democrático parecen haberse afianzado. ¿La democracia es menos atractiva ahora que conocemos su funcionamiento? ¿Qué nos disgusta de la democracia? ¿Sus costos?¿Sus políticos?  Creo que lo que nos disgusta son sus limitaciones, a pesar de que éstas eran bien conocidas desde el principio. Es decir, siempre supimos que la democracia en sí misma no serviría para resolver problemas tan fundamentales como la desigualdad o la pobreza, al menos en el corto plazo. Creímos que contribuiría a frenar la corrupción, incluso a castigarla, pues un funcionario reconocido por su conducta criminal jamás obtendría un solo voto. Todo lo contrario ha sucedido. Todos los días la prensa publica información a propósito de problemas de desvío de recursos en los que están involucrados presidentes municipales, ediles, diputados, gobernadores de todos los partidos. Los líderes de los antiguos sindicatos del PRI nunca habían sido tan prósperos. La permeabilidad de la democracia a la corrupción podría ser una de las explicaciones de que haya perdido apoyo entre nosotros, aunque muchos piensan que es la incompetencia de muchos funcionarios públicos, el desempleo, o, por encima de todas las cosas, la inseguridad.

No sólo a los mexicanos nos ha desilusionado la democracia. Algunos autores hablan de que en años recientes se ha extendido una suerte de “fatiga”, de “melancolía”, como si la experiencia democrática hubiera dado al traste con el ideal democrático. Hasta ahora, lo que parece sostenerla  es la ausencia de una alternativa suficientemente poderosa, aunque en Venezuela y en otros países de América Latina se ha reincorporado el populismo que no es democrático, sino que se nutre de las fragilidades de la democracia.

Es de llamar la atención que, en cambio, la ley haya provocado las reacciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza, del titular de la Secretaría General Iberoamericana, Enrique Iglesias. Ambos la rechazaron por discriminatoria y racista, así como porque entraña un elevado potencial de violación a los derechos humanos. En un editorial, el distinguido especialista en asuntos migratorios, Jorge Bustamante, se pregunta por qué el gobierno mexicano no ha denunciado la medida ante tribunales internacionales (“Sobre la SB1070, Reforma, 28/04/2010). Y con él somos muchos los que nos hacemos la misma pregunta. Peor todavía, en apenas unos cuantos días parece venirse abajo la atmósfera de cooperación bilateral y de buena voluntad que generó la visita de la secretaria de Estado, Hillary Clinton hace apenas unas semanas. El propio presidente Obama ha condenado la legislación y es previsible que sea derrotada porque se trata de una disposición anticonstitucional, pues los estados de la unión americana no tienen autoridad en materia migratoria. Aún así, es inexplicable que el gobierno mexicano se haya mantenido tan quietecito.

La sensación de pasividad que proyectan los funcionarios mexicanos frente a Estados Unidos, se extiende a muchos otros terrenos distintos a la migración e incluso a la seguridad. La resignación profunda del gobierno ante las medidas unilaterales de Estados Unidos no se ve compensada por el perentorio llamado que hizo el mismo secretario Gómez Mont  el domingo 26 de abril, a las autoridades estadunidenses para que “asuman ya la vergüenza de estar vendiendo las armas con las que se asesina a mexicanos.” También les exigió que reconocieran que el consumo de drogas en su país está en el origen de la ola de violencia que vivimos en México actualmente. ¿Cuál puede ser la reacción a semejante llamado? La respuesta de cualquier americano a una exigencia que fue expresada de manera insolente y poco diplomática, podría ser: “Asuman ustedes, gobierno mexicano, la  responsabilidad de la violencia en las calles, del sentimiento de inseguridad y de indefensión que embarga a los mexicanos; asuman ustedes la responsabilidad de no poder garantizar aparatos de seguridad confiables, policías honestas y un aparato de procuración de justicia eficaz.” Así que a la ensoberbecida exigencia se impone la imagen de los brazos cruzados, a menos de que el exhorto de Gómez Mont haya sido pensado más para el público mexicano que para los estadunidenses.

En todo caso, el tono de las declaraciones citadas poco ayuda a la cooperación bilateral, y más bien abona la hostilidad antimexicana que expresan los radicales antiinmigrantes. Este episodio del tema migratorio pone al descubierto, una vez más, las dificultades de la cooperación bilateral. Hace unas semanas, la secretaria Clinton visitó México a la cabeza de una impresionante delegación de responsables de los temas de seguridad en Estados Unidos, con el propósito de discutir programas de cooperación bilateral para combatir la violencia en las ciudades fronterizas, y el crimen organizado. En ese caso pudo hablarse de una responsabilidad compartida y el principio de cooperación pudo imponerse de manera casi natural. ¿Puede decirse lo mismo del tema migratorio?  En el tema de seguridad, y no obstante las apariencias de actividad febril, es muy probable que gobierno mexicano también se haya limitado a reaccionar a las propuestas de Washington. La absoluta superioridad de los medios policiacos y militares de la superpotencia explicaría esa pasividad, pero ¿esa misma asimetría justifica la inacción en la defensa de los derechos de los migrantes mexicanos?